La familia del arquitecto que se suicidó de un balazo el viernes 25 de septiembre en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, acusó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de proteger al exdirector y al exdirector técnico de esa institución, ingenieros Miguel Pimentel Kareh y José Miguel Florencio Estévez.
El abogado Miguel Surún Hernández, hablando en representación de la familia del arquitecto David Rodríguez García, denunció que la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa se niega a darle copias de los interrogatorios practicados a Pimentel Kareh y Florencio Estévez, lo que a su entender no es más que una trama para protegerlos.
“Hemos visitado en varias ocasiones la Dirección de Persecución de la Corrupción y nos han dicho que no nos pueden entregar los interrogatorios de estas personas”, manifestó Surún Hernández.
Manifestó que supo de buena fuente que no quieren entregar los interrogatorios, porque lo que hicieron a los interrogados fueron preguntas acomodadas para que se defendieran.
Manifestó que supo de buena fuente que no quieren entregar los interrogatorios, porque lo que hicieron a los interrogados fueron preguntas acomodadas para que se defendieran.
Consideró preocupante la forma como hasta ahora se ha venido manejando el expediente en lo relativo a Pimentel Kareh y Florencio Estévez.
Dijo que le asusta sobre manera la pasividad que ha tenido el Ministerio Público para encausar a los principales responsables y el entorpecimiento para que se les conozca medida de coerción a Pimentel Kareh y Florencio Estévez.
Nuevo hecho
A Pimentel Kareh se le sumó un nuevo hecho, esta vez de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que determinó que durante su gestión en la Oisoe se violó el sistema de compras y contrataciones públicas en la remodelación y equipamiento del hospital Darío Contreras, en vista de que se establecieron procedimientos fuera de la ley al limitar la participación y violentar los mecanismos de declaración de urgencia.
Se detectó, además, que los criterios de evaluación para la remodelación de dicho hospital no fueron claros, ni objetivos, además de que aumentó el monto del contrato más allá del 25 por ciento del costo original, contrario a las disposiciones legales que establece la materia.
Fuente: El nacional
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