El presidente de la República pidió ayer al Tribunal Constitucional rechazar sendas acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas contra las leyes número 506-19 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 2020, y la 512-19 que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir y colocar valores de deuda pública por un monto de US2,500 millones.
Ambos recursos fueron incoados por Eulogio Santaella, Leopoldo Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfáu y Enmanuel Esquea Guerrero, por alegada violación de los artículos 4, 6, 84, 98 y 234 de la Carta Magna.
Los accionantes afirman que la Ley 506-19 que aprueba el presupuesto para este 2020, y la 521-19 que autoriza la emisión de bonos están afectadas de inconstitucionalidad porque fueron aprobadas en la Cámara de Diputados el mismo día en dos lecturas consecutivas, y sin realizar la segunda discusión que manda la Constitución dominicana.Sin embargo, el presidente Danilo Medina, a través del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y actuando como interviniente voluntario, justificó su pedimento de rechazo al recurso de marras, afirmando que los accionantes violan el presente de la sentencia 217-19 dictada por el TC el año pasado a propósito de otra acción similar que los accionantes sometieron contra el presupuesto del 2018.
Este argumento fue rebatido por Esquea Guerrero, quien recordó que en el 2013, mediante otra sentencia cuyo número no llegó a especificar, el TC reconoció que para la aprobación de esas leyes eran necesarias 24 horas de diferencia.
“De manera que estamos en presencia de dos decisiones del TC, que son, si se quiere, contradictorias, y nosotros entendemos que la que vale es el primer precedente (sentencia del 2013) porque la ley dice que cuando el Tribunal Constitucional cambia el precedente tiene que motivarlo y decir porqué lo hizo, y cuando el año pasado dijo que se podía en un mismo día hacer las dos lecturas, no dijo porqué ni dijo que revocaba su precedente anterior”, subrayó.
También CD y Senado. Los abogados Tirso Ramírez y Yerri Castillo, quienes representaron a la CD, pidieron declarar conforme con la Constitución el trámite de aprobación de la ley 512-91 en ese hemiciclo.
De su lado, Virginia Méndez y Crisneyda Peña, representantes del Senado, solicitaron a la alta corte ratificar en todas sus partes la opinión de la Cámara Alta depositada en el tribunal sobre el procedimiento y trámite legislativo realizado al momento del estudio y sanción del proyecto de ley que creó la ley 512-19 .
Expediente quedó en estado fallo. El presidente del TC, Milton Ray Guevara, acogiendo un pedimento de la parte accionante, le concedió un plazo de 4 días para que tomen conocimiento de la posición del gobierno y depositen escrito; y otros cuatros días más a la parte accionada para lo propia, a partir de lo cual el expediente quedará en estado de fallo.
Ambos casos se conocieron en audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
Fuente: hoydigital.com.do
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